El poder no necesita demostrar que una política es mala si consigue que parezca ilegítima, peligrosa o imposible. En el caso de Podemos, conviene distinguir entre sus errores reales —que los tuvo, como cualquier fuerza política— y las campañas de deslegitimación basadas en acusaciones falsas, exageraciones o marcos mediáticos repetidos hasta convertirlos en “sentido común”.
El mecanismo
La desinformación política suele funcionar mediante varias operaciones:
Repetición: una acusación reiterada acaba pareciendo familiar y, por tanto, verosímil.
Asociación emocional: se vincula a un partido con miedo, caos, corrupción o amenaza nacional.
Desplazamiento del debate: se deja de discutir una propuesta —vivienda, trabajo, servicios públicos— y se pasa a discutir la supuesta naturaleza moral de quienes la defienden.
Asimetría de recursos: quien dispone de medios, financiación, redes de influencia o acceso privilegiado puede imponer con mayor facilidad los temas y los marcos de interpretación.
Confusión entre crítica y mentira: una crítica legítima analiza hechos; una campaña de desinformación puede seleccionar, deformar o inventar hechos para producir un efecto político.
La investigación académica ha estudiado específicamente el papel de actores políticos españoles en la promoción de contenidos desinformativos en Twitter, lo que muestra que no se trata solo de rumores espontáneos entre ciudadanos.
Las nuevas tecnologías
Las redes han reducido enormemente el coste de fabricar y distribuir una campaña. Un mensaje falso puede segmentarse hacia públicos concretos, amplificarse mediante cuentas coordinadas y reaparecer en distintos formatos: titular, vídeo breve, meme, tertulia o publicación aparentemente personal.
Además, los sistemas de recomendación suelen premiar la intensidad emocional y la interacción, no necesariamente la exactitud. Por eso el contenido indignante, humillante o alarmista puede circular más deprisa que una explicación matizada.
La Unión Europea reconoce estos riesgos: su marco actual incluye medidas contra cuentas falsas, amplificación mediante bots, anuncios políticos opacos y contenidos manipulados, incluidos los deepfakes.
El problema de fondo
No todo fracaso electoral puede atribuirse a una conspiración. Un partido también puede equivocarse, dividirse, comunicar mal o decepcionar a parte de su electorado. Pero admitir esos factores no obliga a negar que haya existido una presión mediática y política desigual, ni que algunas acusaciones hayan sido difundidas sin pruebas suficientes.
La cuestión democrática no es proteger a ningún partido de la crítica, sino garantizar que la ciudadanía pueda distinguir entre:
una decisión política discutible;
una interpretación sesgada;
una acusación que exige pruebas;
y una falsedad difundida deliberadamente para destruir reputaciones.
La normativa europea intenta aumentar la transparencia de la publicidad política, haciendo visible quién paga un anuncio, cuánto invierte y durante cuánto tiempo se difunde. Pero ninguna ley resolverá por sí sola el problema: también hacen falta periodismo riguroso, alfabetización mediática, acceso a fuentes originales y una ciudadanía dispuesta a frenar la reacción impulsiva.
En ese sentido, tu observación es muy importante: la tecnología no ha inventado la propaganda, pero ha multiplicado su velocidad, precisión y alcance. Y cuando una mentira llega antes que la rectificación, la verdad suele competir en desventaja.